Mao, Valverde (R.D.) — El Tribunal de Atención Permanente del distrito judicial de Valverde dictó medidas de coerción no privativas de libertad contra el señor Andrés Valerio, residente en el municipio de Esperanza, quien enfrenta una acusación por supuesta estafa relacionada con la venta de un vehículo que resultó ser robado.
La decisión judicial se produjo luego de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva, alegando la gravedad del hecho. Sin embargo, el juez acogió los argumentos presentados por el abogado defensor, licenciado Henry Martínez, quien sostuvo que su cliente actuó como comprador de buena fe y que también resultó afectado por la situación.
Defensa alega que el imputado también es víctima
De acuerdo con la defensa técnica, el vehículo en cuestión fue incautado por las autoridades tras el desmantelamiento de una banda dedicada al robo de automóviles, lo que provocó perjuicios tanto al denunciante como al propio Andrés Valerio.
El jurista explicó que su defendido se dedicaba a la compra y venta de vehículos, actividad que —según indicó— conlleva riesgos inherentes cuando se trata de operaciones realizadas sin conocimiento previo de la procedencia ilícita de un bien.
“Mi cliente también es una víctima de esta situación; él fue sorprendido por un riesgo propio del negocio, sin intención de cometer ningún delito”, expresó el licenciado Henry Martínez.
Medidas de coerción impuestas
Como parte de la decisión, el tribunal impuso las siguientes medidas de coerción:
- 💰 Fianza de RD$50,000 pesos, mediante una compañía aseguradora.
- 📅 Presentación periódica ante las autoridades correspondientes.
- 🚫 Impedimento de salida del país.
El juez consideró que estas medidas son suficientes para garantizar la presencia del imputado durante el proceso judicial, sin necesidad de imponer prisión preventiva.
Proceso continúa bajo investigación
El caso seguirá su curso en los tribunales mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones para establecer responsabilidades penales, tanto en la supuesta estafa como en la red criminal vinculada al robo de vehículos.
Este proceso ha reavivado el debate sobre la compra y venta informal de automóviles en el país, así como la importancia de verificar la legalidad y procedencia de los vehículos antes de realizar cualquier transacción.