Expedito Sosa Valle, conocido como “Chocorrica”, fue presentado ante la justicia por un presunto robo en un colmado de Mirador Yaque, Laguna Salada. El tribunal impuso garantía económica de RD$3,000.
Valverde, R.D. – Un joven identificado como Expedito Sosa Valle, conocido popularmente como “Chocorrica”, fue presentado nuevamente ante la justicia tras ser vinculado a un nuevo caso de presunto robo ocurrido en un colmado del sector Mirador Yaque, en el municipio de Laguna Salada, provincia Valverde.
De acuerdo con las informaciones ofrecidas durante el proceso, el imputado habría sido señalado por un hecho similar en el pasado, situación que fue tomada en cuenta durante la audiencia de medida de coerción.
El tribunal impuso como medida una garantía económica de RD$3,000 en efectivo, luego de que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva contra el joven.
A la salida del tribunal, Sosa Valle negó las acusaciones en su contra y aseguró sentirse perseguido.
“Esto es el diablo lo que ellos están haciendo conmigo… Es la gente que me quiere hacer daño”, expresó el imputado.
El joven también indicó que recientemente había recuperado su libertad tras reunir el dinero para pagar una fianza correspondiente a un proceso anterior. Asimismo, manifestó que actualmente no cuenta con los recursos económicos necesarios para cubrir una nueva garantía.
Defensa califica la medida como desproporcionada
La representante legal del imputado, Josefina Martínez, calificó la medida como desproporcionada, al sostener que el caso se basa en la supuesta sustracción de varias Malta India, cuyo valor, según afirmó, no alcanza los RD$400.
Martínez cuestionó que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva en un caso de esa naturaleza y afirmó que la prueba audiovisual presentada durante la audiencia no permitía identificar de manera concluyente a la persona involucrada ni establecer la propiedad de los artículos presuntamente sustraídos.
La jurista también señaló que la supuesta víctima no compareció al tribunal, por lo que entiende que las autoridades deben presentar pruebas suficientes antes de solicitar medidas de coerción severas.
El caso continúa su curso en los tribunales mientras avanzan las investigaciones correspondientes. El imputado mantiene la presunción de inocencia hasta tanto exista una decisión judicial definitiva.