Autoridades colombianas no participaron en resolucion sobre derechos humanos en Nicaragua

La ausencia de Colombia en la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos que trató sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, le ha generado críticas al recién posesionado presidente Gustavo Petro, el primero de izquierda en el país andino.

Después de días de silencio y luego de que se conociera que se trató de una decisión y no de un error logístico por el cambio de gobierno en Colombia, la Cancillería se pronunció el martes en un comunicado en el que justificó la ausencia diciendo que ese mismo día de la sesión estaba desarrollando “una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua”, sin precisar en qué consistió.

El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado oficialmente sobre las acciones humanitarias de Colombia.

El pasado 12 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución sobre Nicaragua en la que manifiesta su preocupación por su negativa de cumplir “con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, e indica que el “ambiente de opresión se ha agravado” con arrestos, cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, represión de periodistas y ataques a monjas y sacerdotes de la iglesia Católica.

La resolución fue apoyada por 27 países, cuatro más se abstuvieron y dos estuvieron ausentes: Colombia y Nicaragua. El gobierno de Ortega cortó relaciones con la OEA y en abril de este año cerró sus oficinas en Nicaragua.

La oposición de Petro cuestionó el cambio radical de Colombia frente a Nicaragua. El anterior gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) no mantenía relaciones diplomáticas con el gobierno de Ortega, al que calificaba de “dictadura”. Petro ya designó un embajador con la misión de restablecer las relaciones.

“Un gobierno que posaba de estar muy preocupado por los derechos humanos en Colombia, en el extranjero decide hacerse el mejor amigo de los dictadores que torturan, que tienen a esos pueblos sin democracia y sin libertad”, dijo a The Associated Press la senadora Paloma Valencia, del conservador Centro Democrático.

Moción de censura 

El partido opositor propondrá en el Congreso una moción de censura, una figura con la que exigen a los ministros cuentas por su desempeño que podría resultar en su salida del cargo de lograr la mayoría necesaria. El gobierno de Petro inició el 7 de agosto y el del canciller sería el primer juicio político que enfrentaría.

Petro cuenta con una coalición mayoritaria en el Congreso y la oposición es liderada por el Centro Democrático. Sin embargo, Valencia aseguró que con la moción de censura buscan hacer control político e interpelar a los otros partidos políticos, entre ellos el Conservador, para saber si “les parece bien que en Colombia nos volvamos cómplices de esos atropellos en Nicaragua”.

David Castrillón Kerrigan, docente investigador de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, dijo a la AP que con lo ocurrido en la OEA, Colombia envía una “señal contundente” de que el de Petro es un gobierno que va a actuar desde el pragmatismo en temas de política exterior, y no necesariamente desde miradas ideológicas como lo hizo el gobierno de Duque en los últimos cuatro años.

Además, Castrillón considera que Petro da muestras de buscar una mayor integración de Latinoamérica y el Caribe, al tiempo que envía una señal a Estados Unidos de que no siempre tendrá los votos de Colombia garantizados en la OEA, sin que esto represente necesariamente un quiebre en la relación de aliados que históricamente han mantenido.

El gobierno colombiano aseguró que durante los días siguientes a la sesión de la OEA mantuvo un “silencio diplomático debido a que no podíamos hacer públicas las gestiones internacionales que se estaban adelantando antes de obtener un resultado”, sin embargo, no informa en qué consisten las gestiones y si se ha logrado resultado alguno.

El domingo el programa local Noticias Caracol reveló que Colombia tomó la decisión deliberada de no asistir a la sesión de la OEA.

“Esperamos que las filtraciones no tengan consecuencias adversas a lo buscado”, indicó el canciller Álvaro Leyva. “Colombia tiene una agenda bilateral con Nicaragua que requiere de un tratamiento de particular cuidado en el escenario internacional, que la Cancillería preservará”, concluyó.

Colombia y Nicaragua tienen un pleito vigente en la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de las Naciones Unidas, para que se establezcan los límites entre una supuesta plataforma continental extendida que Nicaragua alega tener más allá de sus 200 millas náuticas.