Santo Domingo, R.D. – El Ministerio Público calificó como de “luces y sombras” la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condena a 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de un expresidente, en el caso derivado de la Operación Antipulpo, mientras que descarga a algunos imputados, decisión que será apelada.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, destacó que la sentencia confirma la condena de Medina Sánchez como gerente operativo del entramado de corrupción, así como la sanción a las empresas involucradas y el decomiso de sus bienes. También se ratificó el pago de multas y responsabilidades penales para otros imputados, incluyendo a Víctor Matías Encarnación Montero.
El tribunal, presidido por Claribel Nivar e integrado por las juezas Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, reconoció que el caso evidenció una corrupción “plena, absoluta y profunda”, y resaltó la gravedad del deterioro institucional que estos hechos reflejan en el país.
Entre las condenas, se incluye a José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación, quienes deberán cumplir penas de prisión y pagar millonarias indemnizaciones al Estado.
Por otra parte, el tribunal absolvió a varios imputados, incluyendo Fernando Rosa, Carmen Magalys y Freddy Hidalgo, así como a las empresas Cemeraf y Editorama, por lo que fueron liberadas del pago de costas penales.
El proceso se desarrolló desde mayo de 2023, con 127 jornadas y largas horas de trabajo judicial, y la lectura íntegra de la sentencia se ha fijado para el 25 de septiembre.
El Ministerio Público anunció que apelará los descargos que considera incorrectos y ratificó que la teoría del caso, que incluyó soborno, estafa al Estado, asociación de malhechores y lavado de activos, fue probada con pruebas contundentes.
Las juezas también destacaron irregularidades en contrataciones públicas, compras de medicamentos de alto costo, equipamiento hospitalario, materiales de Obras Públicas, suministros de EdeEste y combustible de la Policía Nacional, evidenciando un esquema de corrupción sistemático en diversas instituciones del Estado.