Santo Domingo, República Dominicana. – A solicitud del Ministerio Público, la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de 20 años de prisión contra Argenis Contreras González, hallado culpable del asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras y de incurrir en extorsión desde la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
La decisión fue adoptada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por las defensas técnicas de Contreras González contra la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), destacó que se trataba de un segundo recurso de apelación tras un segundo juicio, y que el tribunal acogió los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público durante la audiencia.
El recurso había sido presentado el 16 de mayo del presente año, pero fue rechazado por los jueces Daniel Julio Nolasco Olivo, July Elizabeth Tamaríz Núñez y Mariana Daneira García Castillo, quienes valoraron de manera positiva las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Con esta ratificación, Argenis Contreras González continuará cumpliendo su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad penal de Contreras González en el homicidio del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y era docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
El crimen ocurrió en octubre de 2017, cuando el cadáver de Ramírez Ferreras fue hallado en la cañada Arroyo María, en Hato Nuevo, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, amarrado con cadenas y candados a un block de cemento.
Tras cometer el hecho, Contreras González huyó hacia Estados Unidos, donde fue capturado y posteriormente extraditado a la República Dominicana tres años después, gracias a las gestiones del Ministerio Público para llevarlo ante la justicia.
Por estos hechos, el imputado fue condenado por los delitos de homicidio y ocultamiento de cadáver, en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años relacionados con corrupción y criminalidad organizada en el país.