La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva a ocho de los imputados en el caso SeNaSa 2.0, el presunto entramado de corrupción relacionado con el Seguro Nacional de Salud, informó este lunes el Ministerio Público.
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, del municipio de San Antonio de Guerra.
También, a Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes deberán cumplir la prisión preventiva en el CCR Najayo Mujeres por 18 meses, detalló el Ministerio Público en un comunicado. Además, se impusieron medidas como arresto domiciliario, garantía económica e impedimento de salida del país a otros procesados.
El arresto domiciliario se impuso a los imputados Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Mientras, el tribunal mandó garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y arresto domiciliario contra Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. Por su parte, a Martha María Saldaña Saldaña le fue impuesta una garantía económica de tres millones de pesos, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
Además, el tribunal ordenó cumplir con una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica a José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré. La audiencia en la que se dio a conocer este fallo inició este domingo pasadas las 9:00 de la noche y concluyó alrededor de las 10:00 de la noche.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, advirtió a los médicos que prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal. »Si los 22 médicos que fueron procesados en este caso no hubiesen prestado su código, este caso no hubiese existido», dijo en declaraciones a los medios de comunicación.
«Debemos tomar esta experiencia como base para que se realice una campaña que les diga a los médicos que no deben prestar sus códigos», añadió.