El Senado de la República aprobó este martes a unanimidad y en segunda lectura la modificación a la Ley 137-07, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, cuya nueva alteración acrecentará el castigo con hasta 40 años de prisión —en caso de muertes— a los traficantes de personas.
La propuesta, sometida por el Poder Ejecutivo, había sido devuelta a la comisión en la pasada sesión, debido a las sugerencias sometidas por Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, para endurecer las sanciones a funcionarios y servidores públicos que incurran en este flagelo. Recibió el total de 28 votos presentes.
En ese sentido, la ley se aprobó con una redacción adicional que sube las penas de 15 a 25 años de prisión, así como multa entre 700 y 1,500 salarios mínimos del sector público a los infractores.
En el caso de que fallezca una víctima de trata, la pena subirá a 30 años de reclusión, y si fallecen dos o más personas, la condena será de 40 años de reclusión y multas de tres a seis mil salarios mínimos del sector público.
Funcionario público
Sin embargo, si el responsable es un funcionario o servidor público, habrá una sanción adicional consistente en la inhabilitación de 10 años del sector público y de hasta 20 en caso de reincidencia.
El proyecto de ley, sometido por el Poder Ejecutivo hace poco más de un mes, está recibiendo un trato especial, a fin de detener el tráfico de migrantes a través de la frontera entre Haití y República Dominicana. La normativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para agotar el mismo proceso.
El proyecto busca modificar los artículos 2, 5, 6 y 7, los cuales no hacen énfasis en castigar a los inmigrantes, sino a los funcionarios públicos que violan la ley, con una habilitación de 10 años de la nómina pública.
En el caso de que fallezca una víctima de trata de inmigrante, la pena subirá a 30 años de reclusión y, si fallecen dos o más personas la pena subirá a 40 años de reclusión.
Motivación del presidente Abinader
En la carta de motivación, el presidente Luis Abinader dijo que se fortalecerá el marco legal «para el enjuiciamiento del delito de tráfico ilícito de migrantes, sino que también se refuerza el compromiso del Estado dominicano para disminuir al máximo la práctica de esta actividad ilícita».
